Cananea, estado de sitio

Miguel Luna

Cananea se encuentra bajo estado de sitio. La policía federal custodia día y noche la principal fuente de trabajo de esta ciudad, con el permiso y la cooperación de las autoridades estatales.

Los mineros de esta ciudad denunciaron que existen alrededor de 800 policías estatales que refuerzan la tarea de los federales, en menoscabo de los derechos fundamentales de la población.

El colmo del estado de sitio, lo representa el acecho permanente de la policía contra los mineros, principalmente contra sus dirigentes. Las familias y los hogares de estos trabajadores, agrupados en la sección 65 del sindicato minero se encuentran prácticamente bajo custodia policíaca.

A esta mancuerna de represores, se unieron los agentes de la policía municipal que está bajo el mando de un alcalde panista. Todos ellos vigilan muy de cerca, y sin el menor recato, los hogares de los mineros que se encuentran en huelga por más de 6 meses, por la falta de diálogo con la empresa del Grupo México.

Después de que un juez resolvió declarar como legal la huelga de los mineros, el gobernador de Sonora, Eduardo Robinson Bours se quiere pasar de ignorante de la situación, con el fin de evitar la retirada de sus cuerpos policíacos, que mantienen en estado de sitio a Cananea.

Peregrinaje legal

La actual huelga en la mina de cobre de Cananea concesionada al Grupo México iniciada bajo las demandas de mejoras en seguridad e higiene, ha seguido un largo peregrinaje legal que ha convertido el paro de los mineros de inexistente a existente en varias ocasiones, incluso llegando al grado de contradecir el derecho a huelga de los trabajadores.

La más conocida es la notificación de inexistencia de huelga del 11 de enero de este año, aunque meses antes hubo otra notificación similar que después fue anulada confirmando la legalidad de la huelga por primera vez. Pero la del 11 de enero, según la versión del sindicato minero, difícilmente puede llamarse notificación, pues los elementos armados se encontraban frente a las puertas de la mina con la orden de desalojar a los mineros demasiado temprano si recordamos las 24 horas de gracia que legalmente se otorgan para realizar dicha notificación.

Once días después tuvimos la noticia de que la existencia de la huelga era nuevamente reconocida, pero con el detalle de que la minera podía ser operada por la empresa con los mineros no sindicalizados o los sindicalizados que desearan volver a trabajar, contradiciendo el planteamiento legal del derecho a huelga y generando un ambiente de tensión entre los trabajadores sindicalizados.

Pero lo anterior era solo una resolución parcial y esa contradicción se mantendría (bajo el cuidado de la policía federal) mientras se diera el juicio final del juzgado sexto en materia de trabajo sobre la inexistencia emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El juicio final fue anunciado el día 14 de febrero y resultó a favor del sindicato minero, lo que significa que la huelga tiene que volver a su definición legal y que la mina debe ser, de nueva cuenta, tomada por los trabajadores.

Golpe judicial y militar

Los trabajadores mineros platican sin problemas de lo sucedido el 11 de enero en las puertas de la mina, cuando fueron desalojados. Nos platican que los elementos de la policía cargaban además de bombas lacrimógenas y toletes, también sus armas, como si el enfrentamiento fuera con una banda de delincuentes, además de que un helicóptero del estado fue utilizado para descargar bombas lacrimógenas sobre los mineros que se encontraban dentro de la mina, mientras sus compañeros seguían reteniendo la embestida judicial en la puerta de entrada.

Las fotografías tomadas por los mineros durante el enfrentamiento (en las páginas centrales de esta edición) muestran la enorme masa negra de elementos policíacos que enfrentó a los mineros, armados con tubos, palos y piedras.

Apoyo en Hermosillo

Unas semanas después se organizó en Hermosillo, en la Universidad de Sonora, un Encuentro Nacional Sindical al cual asistieron organizaciones campesinas, universitarias y mineras para dar su voz de apoyo a los mineros de Cananea y exponer su propia problemática. Los mineros gritaban a coro en cada silencio en el podium: “¡Paro Nacional!” exigiendo una fecha que sirviera de presión y de mensaje a las autoridades represivas.

Al encuentro asistió el dirigente nacional de la UNT, Francisco Hernández Juárez, de quién se esperaba un pronunciamiento enérgico, aunque solo hizo un recuento de la pobreza en México y no retomó ni por la tangente la exclamación popular en el Centro de las Artes, recinto donde se llevó a cabo el evento.

Solidaridad del gremio minero

La ola de solidaridad para con los mineros de Cananea, después de ser desalojados vino, primero desde sus familias, que han dado origen al Frente Femenil Cananense que apoya la lucha minera activamente y desde adentro.

Además el sábado 2 de febrero se realizó el X Foro Nacional Minero con cede en Cananea donde se dieron cita las bases de numerosas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (SNTMMSRM) quienes expresaron su apoyo mutuo, ya que existen, además de la Sección 65 en Cananea, otras secciones mineras en huelga.

Durante el evento todos los mineros se mostraron solidarios y expresaron su respeto a la dirigencia nacional de Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá.

Además contaron con la presencia de sindicatos externos como la UNT, el STAUS y el STEUS (sindicatos de la Universidad de Sonora), situación que nunca había sucedido en un foro minero. También emitieron su apoyo organizaciones mineras de Estados Unidos y Perú.

El ambiente dentro del auditorio no dejó de ser combativo, recordando siempre firmemente los ideales del sindicalismo: justicia y democracia, mientras que afuera las familias y ciudadanos escuchaban atentas y miraban en una pantalla lo que ocurría en el foro, sentadas bajo el agradable sol durante esa fría mañana en Cananea.

Solidaridad sindical

La sección 65 mandó una comisión para apoyar el 15 de febrero la marcha de los sindicatos universitarios en Hermosillo, Sonora.

Durante esta visita dieron una actualización sobre el conflicto después de la resolución del 14 de febrero que, nos dicen, obliga a la policía federal a salir de la mina y esta será la nueva exigencia, apoyada ya en los resolutivos del Foro Minero, de la Sección 65.

Nos cuentan que en Cananea ha surgido un clima de solidaridad y comunicación que hacen tolerable la difícil situación de la huelga, emergiendo la innegable amabilidad de los cananenses.

Una historia de vejaciones a los derechos obreros

Miguel Luna

Lo sucedido en Cananea el viernes 11 de enero tiene sus raíces en acontecimientos mucho más antiguos, el conflicto comienza durante el proceso de quiebra (1989) y privatización de la Minera de Cananea, empresa nacional, que en ese momento se encontraba en reciente remodelación y en pleno pico de producción aportando grandes fracciones del presupuesto regional y estatal.

La Minera de Cananea era riqueza de los mexicanos y enriquecía a los mexicanos, los obreros de la mina de Cananea trabajaban para su propia gente, con los recursos naturales de su territorio y escalaban en las listas nacionales e internacionales de producción de cobre.

La privatización, que favoreció a la familia Larrea, en 1990, se dio, como es común, después de una declaratoria de quiebra injustificada desde todos los ángulos y en medio de la represión militar, represión que este 11 de enero volvimos a ver, tal vez no militar, porque ahora se encuentra disfrazada con los cascos y escudos de granaderos y de policías estatales y municipales, pero con el mismo desprecio al obrero que exige reconocimiento.

Los intereses de una sola familia, cómplice de cúpulas del poder, pisotearon al obrero y expropiaron esa riqueza que redituaba al pueblo mexicano y específicamente al sonorense. La familia Larrea y el gobierno de Carlos Salinas ofendieron el valor social y la historia revolucionaria de los mineros y la mina de Cananea.

Pero, después del despliegue militar en contra del pueblo y del robo de la mina a los cananenses, Jorge Larrea, comprador de la quebrada Minera de Cananea, se negó a otorgarle las acciones (5% de las acciones totales), como se comprometió en el convenio de compra-venta, donde se obligaba al comprador otorgar a los trabajadores del mineral lo correspondiente al valor del 5% de las acciones.

Lejos de ello, la familia Larrea se negó a cumplir con su compromiso y sumió las relaciones laborales en años de litigio.

Después de 14 años de alegatos, el sindicato ganó Al final, el Sindicato ganó el juicio y llegó a un acuerdo con la empresa del magnate del cobre, Jorge Larrea, donde el Grupo México, para que se reconociera el antiguo fideicomiso creado 14 años antes por Napoleón Gómez Sada (padre de Napoleón Gómez Urrutia), con el cual se repartirían las ganancias entre todos los trabajadores con ese derecho dentro del sindicato.

Pero la historia de la mina de Cananea, hace 18 años que no gira a favor de los mineros, el fideicomiso aprobado, con un fondo de unos 55 millones de dólares, todavía no termina de caer en manos de los trabajadores, a quienes pertenece. A cambio, se ha producido un nuevo desfile de abogados y jueces, en esta ocasión para acusar, culpar y después absolver al secretario general del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, bajo los cargos de malversación de esos 55 millones de dólares.

Hasta que ocurrió el lamentable suceso de Pastas de Conchos, donde 65 mineros quedaron enterrados en un derrumbe que se registró. El vergonzante presidente de México de entonces, Vicente Fox se aprovechó para utilizar de chivo expiatorio al dirigente minero y empezó a subsidiar la división de los mineros.

Pasta de Conchos también fue manejada políticamente y nunca se atendió el problema a favor de los verdaderos afectados, sino a favor de los intereses del Grupo México, y hasta el momento, las viudas de los obreros muertos siguen olvidadas, relegadas bajo las discusiones en los juzgados a esperar y a trabajar por su cuenta en otra mina, explotadas y con el mismo potencial peligro de sus difuntos.

El camino ha sido largo, y en él han surgido desde una nueva dirigencia, a cargo de Elías Morales y reconocida (después desconocida debido a una firma falsa en el documento que le daría validez como secretario) por la Secretaría de Trabajo, en aquél tiempo a cargo de Francisco Salazar Sáenz, y por Vicente Fox, presidente de la república; hasta órdenes de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia en 3 estados (el DF, San Luis Potosí y Sonora) promovidas por la misma gente que ha, históricamente, despreciado a los mineros sonorenses. Hasta la fecha, estas órdenes estatales tienen exiliado al actual secretario general del Sindicato Nacional Minero en Canadá.

Es decir, la incursión de la policía federal y estatal a la mina de Cananea para desalojar a los mineros de la Sección 65 que se encuentran en huelga, responde a esta historia de enfrentamientos políticos.

Pero, las demandas de los obreros no deberían de pasar a segundo plano: seguridad e higiene son las más importantes. Y la historia reciente nos hace acudir irremediablemente a la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, donde en febrero del 2004 ocurrió un derrumbe evitable dentro de la mina que dejaría 65 mineros desaparecidos, la mina es propiedad del Grupo México, es decir, de Germán Larrea.

Mujeres en lucha: Hasta las últimas consecuencias

Carolina Levario Gim

Paralelo al movimiento de los trabajadores de la mina de Cananea por la violación de su derecho a huelga, surge también el rostro femenino.

El Frente Femenil Cananense está formado por mil cien mujeres que son las compañeras de los trabajadores en defensa del derecho a huelga. Las mujeres se reúnen y planean las acciones que tomarán para la defensa de sus familias.

Las demandas que estas mujeres valientes exigen son: la seguridad y la salud de sus compañeros y el respeto al contrato colectivo de trabajo.

¿Están exigiendo demasiado?

En entrevista con Griselda Bracamontes (miembro del frente) para la revista Caracol nos comenta de la frustración que se vive en Cananea al llevar poco más de 6 meses en huelga y no obtener resultados concretos “jugando con las cosas, no toman en serio el problema”, subrayó.

Las mujeres vieron la necesidad de su actuación y se organizaron tomando medidas y ejecutando acciones.

Una de esas acciones fue la toma de escuelas por tres días, lo que Griselda considera como “un método de presión por no ser escuchadas”. Esa acción ocasionó agresión física por parte de los maestros hacia ellas.

A decir de Griselda, los medios las agraden constantemente llamándolas con palabras altisonantes: perras.

Las mujeres del frente comparten el mismo sentimiento; la desesperación por no saber que pasa con sus maridos.

Griselda nos cuenta que el día del enfrentamiento (11 de enero) los trabajadores se encontraban desarmados frente a las tropas armadas, los niños asustados corrían para todos lados, se generó una especia de “psicosis” en la ciudadanía de Cananea. La ciudad estaba sitiada.

A pesar del mal sabor de boca que dejaba esta experiencia, las mujeres lo tomaron como un “abrir de ojos” Griselda nos dice que “a raíz de eso, las mujeres agarramos valor.”

Las mujeres de Cananea piden que la sociedad se entere de la verdad, a como ella lo ve “no hay señal de parte del gobierno, entonces es un juego de luchas” donde claro, los trabajadores son los menos importantes. Ellas ven que esta lucha empezó mucho antes del 11 de enero, mucho antes de los últimos 6 meses en huelga; esta lucha comenzó hace más de 100 años.

Le preguntamos a Griselda ¿Hasta donde llegarán las mujeres con tal de obtener justicia? La respuesta fue rápida y contundente: hasta las últimas consecuencias.

“Las mujeres no solo luchan, también se divierten y a su manera se hacen fuertes en esta batalla diaria en la que están al frente”

Fragmento de una canción de Asto Pituak

Jorge Castro: Ciudadano de Cananea

Miguel Luna

Jorge Castro es un empresario cananense, un ciudadano que vive hoy en el contexto de una huelga prolongada que afecta el centro fértil de la economía de su comunidad. Con él tuvimos el gusto de platicar durante nuestro viaje a Cananea para el X Foro Nacional Minero.

Al preguntarle a Jorge Castro sobre su pasado pone de frente en su testimonio a su lugar de orígen, como lo haría cualquier cananense, “yo soy de Cananea”, y empieza su nutrida y entusiasmada plática. Él ha sido también minero y recuerda las etapas históricas de la mina, relacionando sus remembranzas con la actual situación en el yacimiento.

El trabajó para los “gringos” cuando ellos poseían la mina en 1975 y nos platica que, sin ser deseable que la mina se vaya a manos extranjeras, aquellos días la mina retroalimentaba socialmente al pueblo de Cananea. “Se veía y se sentía que nosotros producíamos, además de para el patrón, para el mismo pueblo de Cananea”.

Después la mina se convirtió en una paraestatal, y las cosas siguieron parecidas, incluso en aquél tiempo llego a existir un equipo de beisból profesional financiado por el estado, es decir, por los dueños de la mina.

La generación de trabajo impactaba fuertemente en el pueblo de Cananea, ya que en ese tiempo se empleaban hasta 3000 obreros dentro de la mina, cifra que rebasa por mucho los alrededor de 1500 actuales.

“Cananea tiene mucha riqueza, y lo ha demostrado por años, pero ahora esa riqueza no se nota, llevamos cerca de 20 años que esa riqueza no se ve en el pueblo”, y esque hace 20 años que la paraestatal fue declarada en quiebra y prácticamente cedida a la familia Larrea, que han venido a olvidarse del trabajo social que la mina generaba en favor del pueblo de Cananea.

Al preguntarle por el ambiente entre los habitantes de Cananea, Jorge Castro nos dice que “es cansado, el carácter ha cambiado, porque la situación se ha prolongado mucho, si no hay mina se detiene gran parte de la economía del pueblo”. Pero Jorge encuentra rápidamente un dejo de optimismo y nos dice que “en las crisis se sacan las mejores cosas, porque surge lo humano de nosotros: la creatividad, el trabajo, el amor”. Y aclara que, sin el apoyo de la gente de Cananea, el paro no podría continuar.

El fantasma de la huelga ronda por la Unison: Revanchismo del Rector

José Luis Jara

Sin duda alguna, la manifestación realizada por los sindicatos universitarios el pasado 15 de febrero, cumplió mucho más de las expectativas que se habían generado los dirigentes de los trabajadores.

Fue más numerosa que la esperada, pues fácilmente superaron a los mil personas, de la más variadas expresiones. Acudieron los propios agremiados a los sindicatos universitarios, una representación de mineros de Cananea que vinieron hacer patente el apoyo obrero a los sindicatos universitarios. Y obviamente, a denunciar el actual estado de sitio que existe en este mineral, gracias a la política deleznable del gobernador Eduardo Robinson Bours.

Participaron gente de los sindicatos independientes, de la Central Unitaria de los Trabajadores, del Consejo Sindical Permanente y de la Unión Nacional de Trabajadores.

Pero más allá de la participación de los dirigentes sindicales, las expresiones artísticas salpicaron con sus propuestas a esta manifestación política. Los teatreros se hicieron presentes, en especial el grupo que protagoniza “Las panochas de Ures”. Los zanqueros fueron el atractivo visual de la protesta y el grupo de ensamble y batuqueros marcaron el ritmo a la manifestación, que inició en la Universidad de Sonora, llegó al palacio de gobierno, donde se encuentra la oficina del gobernador, donde los trabajadores realizaron un acto político.

Cada quien denunció su problemática. Los maestros universitarios, en boca de su dirigente, Sergio Barraza, dijeron que esta manifestación también se iría a la Junta de Conciliación y Arbitraje para entregar el emplazamiento a huelga a la Universidad de Sonora, en demanda de un aumento salarial del 25 por ciento y la revisión de varias cláusulas del Contrato Colectivo que han sido violadas por las autoridades de la institución.

Los mineros de Cananea denunciaron al gobernador de Sonora por mantener en estado de sitio a esta población. A pesar de que un juez declaró que la huelga de los trabajadores es legal, se mantienen los cuerpos policiacos en estado de alerta, en franco hostigamiento a la población, principalmente hacia los sindicalizados.

Los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Hermosillo se hicieron presentes. Ellos llevan ya 9 meses en huelga y en este largo tiempo, además de no gozar de salarios, los han sometido a un estado represivo en plena violación a sus garantías individuales.

Y no faltó el representante de la Unión Nacional de Trabajadores, Carlos García, quien denunció en el mítin, la existencia de una orden de aprehensión en su contra. Denunció también el caso de Alfonso Chaparro, el dirigente de los trabajadores del transporte urbano que fue encarcelado por el gobierno de Robinson Bours, en franca violación a sus derechos fundamentales.

Revanchismo político del rector

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison, Dorotea Razcón Gámez, denunció que existe una actitud de revanchismo político por parte del rector Pedro Ortega.

El origen de ello fueron las pasadas elecciones de comités ejecutivos en los dos gremios universitarios, el de los trabajadores y empleados administrativos y el del personal académico. En esos procesos, los candidatos que apoyó la autoridad universitaria, fueron los representantes de las planillas perdedoras. Y las triunfadoras, es decir los que actualmente se encuentran al frente de las organizaciones, fueron las planillas que se declararon por defender y rescatar la autonomía y democracia sindical.

El caso más doloroso para Pedro Ortega fue el del STEUS, donde perdió Francisco Moreno Calles, quien ya venía reeligiéndose desde hace casi 30 años. En este lapso, que los trabajadores sentían a Calles como un Fidel Velásquez, la maquinaria de negociación ya estaba bien aceitadita.

Pero la continuidad se rompió en el pasado proceso electoral y Pedro Ortega ha actuado de manera revanchista.

Primero, ante el emplazamiento a huelga que interpuso el STEUS a la Universidad de Sonora para el 3 de abril, las autoridades interpusieron un recurso en la Junta de Conciliación y Arbitraje, con el cual se negaban a reconocer la personalidad jurídica de la nueva secretaria general. Por ello, su demanda principal fue que el emplazamiento del STEUS se fuera al archivo. Una manera muy burda para declarar ilegal el derecho a huelga de los trabajadores universitarios.

Ante ello, Dorotea Razcón le planteó públicamente a Pedro Ortega que le baje, que se siente a negociar, porque hasta ahora las autoridades no se han sentado a negociar. “Nosotros ya entregamos nuestro pliego petitorio y estas demandas fueron el resultado de un acuerdo de asamblea general celebrada el pasado 15 de enero. Y este acuerdo fue ratificado en el Congreso del sindicato el 18 de enero”.

Sergio Barraza, del STAUS, señaló que existen problemas muy fuertes en la Universidad. “Hay rezago en los salarios, falta resolver la estabilidad laboral de muchos maestros y lo del Estatuto del Personal Académico, de tal suerte que es necesario que la autoridades se sienten en las mesas de negociaciones”.

Por su parte, las autoridades universitarias han respondido bajo su actitud de revancha. Se han girado instrucciones en diferentes áreas de trabajo, para hostigar a los empleados y que han provocado un ambiente tenso en la relación laboral.

Esa actitud es coronada con el desdén de las autoridades ante los reclamos sindicales. Ni siquiera estuvieron cuando el STEUS fue a entregarle el pliego petitorio. Sólo fue firmado de recibido por una secretaria de las oficinas de rectoría.

Con este ambiente provocado por el rector Pedro Ortega, empieza a rondar por esta casa de estudios el fantasma de la huelga. Y con esta actitud, el rector universitario confirma su sometimiento a Eduardo Robinson Bours, quien blande la cachiporra para golpear a todo aquel que se atreva a cuestionar su política rapaz.

Viola autoridad autonomía universitaria

Carolina Levario Gim

¿^{Qué pasa cuando como estudiante de universidad vives enfrente de la escuela, te asomas por la ventana para apreciar tu acostumbrada vista institucional y -¡OH sorpresa!- los accesos vehiculares están cerrados?}

Seguramente piensas que ha ocurrido un paro laboral.

Así ocurrió el lunes 21 de enero de 2008, cuando los miembros del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, como medida de emergencia, cercaron el acceso vehicular durante el turno matutino de la Universidad de Sonora.

Ignacio Solano, secretario de organización del STEUS comentó en entrevista para Caracol que el motivo de dicho bloqueo se debió a que el viernes 18 de enero se violentó la cláusula quinta del Contrato Colectivo de Trabajo y la autonomía universitaria, por la entrada de cadetes de la academia de policía. Ese día, se llevó a cabo el congreso general del sindicato STEUS, en el que participaron los trabajadores sindicalizados.

De acuerdo al contrato colectivo de trabajo, la universidad está obligada a otorgar el permiso a todos sus empleados afiliados a este gremio, para asistir a este evento, que anualmente celebran. Este derecho ampara también a los vigilantes.

Sin embargo, las autoridades se aprovecharon de este congreso y de la ausencia de los vigilantes, para meter a los cadetes de la academia de policía del Estado.

Éstos ingresaron minutos antes de que los trabajadores regresaran del congreso a su trabajo.

“Los cadetes no nada más desalojaron a los compañeros, sino también desalojaron maestros, estudiantes; empezaron a bajar térmicos a discreción y se hizo un caos en la universidad violentando la cláusula quinta que es la médula, la columna vertebral del sindicato; donde tenemos todo el derecho de proponer a la gente que sustituya a las vacantes de trabajos que se generen en la universidad por personal sindicalizable o sindicalizado”, afirmó Solano.

Ignacio Solano menciona que la cláusula estipula lo siguiente: “La universidad tenía la obligación de solicitarnos personal de emergencia para cubrir las vacantes que eran necesarias. La universidad nunca lo hizo tal y como marca la cláusula”.

Pero y ¿Quién aprobó la entrada de los cadetes a la Universidad? Ignacio Solano responde que prácticamente “se echan la bolita” pero que ellos ven que la petición de la intervención de los cadetes viene del área de Conservación y Mantenimiento que es el área de donde depende la dirección de Vigilancia a cargo de Ernesto Torres.

A decir de Solano, Ernesto Torres fue el causante de muchos problemas al interior del área de vigilancia, al no tomar en cuenta al sindicato para “hacer sus movimientos”, por esa razón pidieron su inmediata destitución, “esa fue la condición para sentarnos a dialogar con el rector para poder abrir las puertas al acceso vehicular”.

El sindicato considera que si bien no es una amenaza la acción del 18 de enero por parte de la administración de la Universidad hacia su organización, si existen actitudes déspotas y prepotentes donde no se toma en cuenta al sindicato.

No existe un completo acuerdo entre el sindicato y la Universidad, y Solano comenta que no sabe por qué, si siempre se ha actuado respetando la cláusula.

También comenta que esa acción es una forma de violentar la autonomía universitaria, por que esos cadetes, aunque sean estudiantes, ya forman parte de la seguridad pública, son parte del gobierno y reciben un sueldo.

A la fecha de la entrevista con Ignacio Solano, aún no había designado la Universidad un nuevo coordinador del área de vigilancia, se encontraban regularizando el área los auxiliares que estaban bajo el mando de Torres.

Solano señala que acepta que existen problemas de conducta entre el personal, porque existen buenos y regulares elementos, “como en todas partes” puntualiza; “estamos conscientes de que necesitamos una buena estructura en la vigilancia y los trabajadores están conscientes, pero los robos y problemas que han sucedido no es precisamente la culpa directa de los trabajadores que a fin de cuentas en ellos recae, pero también es la mala coordinación, la mala planeación sobre como se tiene la vigilancia.”

Para finalizar, Solano comenta que se encuentran en periodo de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, que consiste en revisar las cláusulas que se consideran violentadas, “en esa revisión está plasmada la cláusula quinta, de hecho en el pliego petitorio que entregamos precisamente el día 18 cuando sucedieron los hechos está incluida” aseguró.

En conclusión, el STEUS no permitirá ninguna violación a sus cláusulas, ni la intransigencia de muchos de los coordinadores, éstos son designados por la administración de la universidad y tienen que llegar a acuerdos tomando en cuenta a la asamblea general para ello.

No es justificable por ningún motivo la irrupción de la fuerza pública sobre una institución que es autónoma, es irónico e ilógico.

“Creo que por medio del diálogo, por medio de la concertación vamos a llegar a algún acuerdo”aseguró Ignacio Solano.

Caffenio en la Unison: Con el poder del dinero

Carolina Levario Gim

Tal y como las hadas de los cuentos, así aparecieron las cafeterías caffenio en la Universidad de Sonora.

Nos fuimos de vacaciones, volvimos, no pasó más de un mes y ya estaban perfectamente edificadas y equipadas.

Pero no fuimos los únicos que para bien o mal nos asombramos con la llegada de tan populares cafeterías, los trabajadores y empleados al servicio de la UNISON también.

La cuestión es que por ejemplo, podemos pasar como alumnos toda una generación regular (de 4 y 5 años) esperando por una biblioteca o equipamiento de laboratorios o instrumentos que apoyen en nuestras prácticas académicas en los cuales la Universidad no invierte por resultar muy costosos. Pero esta vez el presupuesto si alcanzó para las cafeterías caffenio.

El STEUS en nombre de Ignacio Solano, secretario de organización, menciona que la implantación en la Universidad de Sonora de las nuevas cafeterías violentan también una cláusula de su contrato colectivo, la 101 que dice: “la universidad respetará las concesiones otorgadas al STEUS para el manejo y administración de las cafeterías dentro del campus universitario y las que en un futuro se crearán, a excepción del comedor universitario.”

En esa cláusula se especifica que las concesiones las administra el sindicato hasta por un año, es un beneficio que se les otorga a los trabajadores con mayor antigüedad.

Solano comenta que al preguntarle a la administración de la UNISON la existencia de los caffenio, la respuesta fue que ya se había firmado un convenio con la dirigencia anterior (del STEUS) en el cual se aprobó ese proyecto; el problema es que la administración no ha mostrado ese documento a la dirigencia que tomó posesión el 12 de diciembre de 2007.

El STEUS espera llegar a un acuerdo mediante la comisión revisora del contrato colectivo, pues están en tiempo de revisión.

“Queremos sentarnos a platicar y que nos muestre el convenio y si es así, (que exista un convenio con la antigua dirigencia) pues estaría violentando la cláusula en si, porque ni el comité ejecutivo, ni el secretario general tiene la facultad para hacer convenios sin que lo apruebe la asamblea general”, aseguró Solano.

De existir dicho convenio, el STEUS pedirá inmediatamente la reparación de la cláusula afectada, poniendo a trabajar a empleados sindicalizados en los caffenio.

Mientras tanto, uno como estudiante se pregunta ¿por qué se le da prioridad a cafeterías de este tipo dentro de la Universidad, cuando es mas necesaria la construcción de espacios de apoyo académico?

La respuesta de rectoría es que se necesitan “áreas de esparcimiento” que satisfagan necesidades de los estudiantes, y el plus académico es poner Internet en los caffenio, así se complementa según la administración de nuestra Universidad, la recreación con el estudio, con eso basta.

Que los caffenio tengan conexión a Internet, no es cosa del otro mundo, casi toda la escuela tiene este acceso, que no nos confundan, debemos estar enterados de la administración económica de los impuestos y pagos a favor de la Universidad de Sonora.

Tal vez si se concesionara la educación, sería mas pronta su recuperación… ah! Y claro también sería más pronta la construcción de infraestructura, no ven que con las concesiones todos ganan…

El alcalde consulta a los lacayos para legitimarse: Preparan la imposición de Musas

“Cuando hablaron de cultura, Pancho Bojórquez todavía estaba ahí y levantó la mano”

José Luis Jara y Miguel Luna

Para todos ha quedado claro: el gobernador Eduardo Robinson Bours pretende imponer el proyecto Musas y ha ordenado al alcalde Ernesto Gándara para que sea el ejecutor de esta obra, en la que pretenden destruir el Parque Villa de Seris, uno de los pocos pulmones de la ciudad de Hermosillo.

Pero a como van las cosas, todo indica que el tiro le va a salir por la culata.

Para ello, el alcalde de esta ciudad ha preparado todo un montaje pletórico de farsas, como lo es la supuesta consulta a la sociedad, bajo el supuesto fin de obtener un respaldo, inexistente, para este proyecto depredador.

Depredador porque el mismo gobernador y el alcalde se aferran a construir este proyecto en este parque, cuando existen hectáreas y más hectáreas disponibles en el área del Vado del Río, que muy bien podrían albergar este proyecto, que representa un negocio más de la familia Robinson Bours.

En este sentido se encuentran las supuestas consultas, como la reunión que sostuvo el alcalde con los charros de la CTM. Y fue esta reunión la que evidenció la farsa, porque salió a flote que las autoridades municipales sólo han estado consultando a sus lacayos, a empresarios que han sido beneficiados por el gobierno, ecologistas que se preocupan más por su bolsillo, como es el caso del encargado del CEDES, quien supuestamente elaboro el estudio de impacto ambiental, pero es el dueño de la empresa que se encargaría de quitar los árboles del parque. Obvio, con un pago de por medio, que representa a leguas un tráfico de influencias.

De la reunión que sostuvo el alcalde con los charros cetemistas, de inmediato surgieron parodias de los cuentos al estilo de Augusto Monterroso, que retratan esta realidad tan irónica: “Cuando hablaron de cultura, Pancho Bojórquez todavía estaba ahí y levantó la mano”.

Una estrategia para imponer el proyecto

Evidentemente que estas falsas consultas tienen un objetivo político: Utilizar a los lacayos y a los medios de comunicación, previamente chayoteados, para darle un respaldo mediático al Proyecto Cultural Musas. Y con ese supuesto apoyo, el alcalde pretende utilizar la fuerza pública para imponer los caprichos del gobernador.

Sin embargo, a Gándara se le hizo bolas el engrudo y con ello se pone en riesgo su candidatura a gobernador para el 2009.

El problema fundamental es que la desincorporación del terreno del Parque de Villa de Seris se hizo mal. No existe el estudio de impacto ambiental, porque hasta la fecha no lo han mostrado y porque las empresas que supuestamente iban a invertir en este proyecto cultural, se empezaron a retirar, como es el caso de la empresa Galerías.

La situación y el ambiente alrededor de los defensores del parque se han ido tensando. En el parque han ocurrido actos vandálicos como vidrios quebrados, pintas, y hasta árboles quemados; el reclamo ha sido que se refuerce la seguridad en las áreas cercanas al parque, pero no ha habido respuesta de la autoridad municipal.

El tiro por la culata

La estrategia del alcalde y del gobernador para allegarse adeptos a su proyecto, ha ido de fracaso en fracaso, porque ellos han hecho mal las cosas. Con las consultas montadas a su favor, el alcalde pretendía llegar al Cabildo de Hermosillo con un respaldo mediático. Pero se encontró que los regidores del PAN y del PRD se opusieron a las intenciones del alcalde y del gobernador. Ofrecieron el respaldo a los ciudadanos que defienden el parque, porque la propuesta de ellos es sumamente viable: que se construya el proyecto cultural Musas en otra parte, para que se respete este pulmón de la ciudad.

A raíz de allí los hackers de Bours empezaron a preparar un montaje para hacer de los panistas su chivo expiatorio, ante el fracaso de su pretensión de construir Musas en el Parque Villa de Seris.

Utilizaron las declaraciones de los regidores del PAN y la publicación de un desplegado firmado por los dirigentes del PÄN y PRD, entre otros, para poner en práctica un complot.

Los hackers de Bours lograron entrar a la cuenta de correo electrónico del jefe parlamentario del PAN, con el fin de enviar a 50 medios de información ese supuesto plan del PAN para oponerse al proyecto Musas con fines electorales.

Ello ocurrió el pasado 12 de febrero, a las 12:37 de la madrugada enviaron ese correo desde la cuenta de Florencio Díaz Armenta. Y curiosamente, ese mismo día, el diario Expreso, muy sospechosamente manejó la información.

Pero de esa estrategia mediocre, lo único que se evidencia es la torpeza de Robinson Bours y del alcalde, porque en lugar de fabricar un chivo expiatorio, como lo quieren hacer con los panistas con el fracaso del Plan Sonora Proyecta, en el proyecto Musas está fabricando mártires políticos que lo pueden derrotar en las elecciones de gobernador de 2009.

Carlos Aparicio en la presidencia de AMARC México: Metido hasta el tuétano por la democracia de las calles

En general, el fondo es la democracia en las calles, la búsqueda de la equidad de los medios de información, normalmente secuestrados por corporativos de gran poder económico.

Miguel Luna

Carlos Aparicio es el director de la única radio comunitaria al noroeste de la república mexicana: Radio Bemba.

Este proyecto civil ha crecido aceleradamente en Hermosillo, Sonora y ha servido para darle voz y presencia a las diferentes expresiones sociales de esta ciudad, el estado y el mundo.

Pero esta vez la historia no sólo es sobre Radio Bemba, esta vez el equipo de redacción del Caracol buscó a Carlos Aparicio para que nos informara sobre la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, por la sencilla razón de que es el nuevo presidente de la filial mexicana de esta organización, concretamente, a partir del pasado 17 de noviembre de 2007.

La lucha de AMARC

AMARC es una asociación que trabaja a nivel internacional por el derecho de la libertad de información y, específicamente, porque las radios comunitarias sean reconocidas como expresiones que confirman ese derecho y como focos independientes y ciudadanos de la libertad de expresión. La democratización de los medios a través de las radios comunitarias ha sido la labor de AMARC desde su fundación en Canadá en el 83, hasta su calidad de consultora internacional de la UNESCO.

De ese objetivo se desprenden muchos otros trabajos, de los cuales podemos ser testigos en Radio Bemba: el ejercicio de la libertad de ser informados e informar por parte de cualquier ciudadano, sin la necesidad o el requisito, de tener encuadrado un título universitario.

El hacer crecer nuevas radios comunitarias a partir de talleres o clases de periodismo civil y manipulación técnica para la transmisión y recepción de las ondas radiales, es también una labor de la asociación mundial que se puede ver reflejada en el proyecto que tuvo su origen en las aulas universitarias.

En general, el fondo es la democracia en las calles, la búsqueda de la equidad de los medios de información, normalmente secuestrados por corporativos de gran poder económico.

AMARC tiene su directiva general en Canadá a cargo de Steve Buckley y una vicepresidencia por cada uno de los continentes, además de contar con organismos políticos que son representaciones por regiones definidas por lo amplio y complejo de su sociedad y su territorio: México representa una sola región.

En estos organismos representativos se discuten las líneas estratégicas para la difusión y el tratamiento de los derechos humanos y la equidad de información al interior de las radios comunitarias, así como la capacitación de nuevas radios. Es la región mexicana la que ahora representa Radio Bemba como proyecto y Carlos Aparicio como titular.

Que es una radio comunitaria

Teniendo como fondo una lona con el logo de Radio Bemba y un mural de fotografías que narran de forma desordenada la historia de esta radio, Carlos Aparicio atiende a Caracol en un espacio improvisado, porque se encontraban en remodelación de su base, la casa Brad Will.

Desde su silla y al frente de las escaleras que llevan a la cabina de transmisión, Carlos Aparicio vuelve a deletrearnos el concepto, lo que define un proyecto de esta naturaleza: “el diálogo, la discusión de la información, el propiciar un cambio hacia la horizontalidad de los medios, cuando se deja la neutralidad y se toma el compromiso de formar una democracia participativa tomando parte del desarrollo democrático de la región.”

Para él, buscar un permiso frente a las autoridades gubernamentales para poder ejercer la comunicación por ondas radiales, no es perder el sentido comunitario de la radio, sino que es lograr el reconocimiento por parte de esas autoridades del derecho humano de la información y la libre expresión.

Por eso uno de sus principales trabajos frente a AMARC México será conseguir la acreditación para la proyectos de antena libre (aquellas que no tienen permiso) que existen en el país.

AMARC en México

En México la historia de las radios comunitarias comenzó con proyectos que difícilmente podrían cumplir con la definición planteada por el director de Radio Bemba en la entrevista: radios en poblados indígenas que servían de comunicación entre pueblo y pueblo o para difundir actividades de la comunidad, pero nunca para sustentar un proyecto de democratización y crítica sobre la situación de los pueblos indígenas, no se generaban ni el diálogo ni la denuncia. Y esto por el simple hecho de que el presupuesto emergía del gobierno. Pero se ha mejorado desde entonces, las radios comunitarias se han convertido en áreas fértiles para la discusión ciudadana de los acontecimientos políticos de la región, el país y el mundo; muestra de que la población mexicana cada día entiende más que la democracia implica participación.

AMARC México busca como organización nacional lograr que las radios comunitarias sean reconocidas en la nueva Ley de Radio y Televisión y tengan su lugar en la constitución.

Para esto han redactado una propuesta clara que ha sido presentada en una audiencia con la cámara de senadores y que seguirán empujando en este año. También se busca concretar un noticiero a nivel nacional que enlacen todas las radios comunitarias del país y que sirva de contrapeso ante los noticieros oficiales y de los grandes corporativos.

El futuro: la digitalización de la radio

Una preocupación reciente pero que ha cobrado fuerza al interior de AMARC México, es la digitalización del espectro radioeléctrico. No es sólo un cambio técnico porque implica aspectos sociales y, con ello, el mismo trabajo de AMARC.

Con la digitalización de la difusión de la radio, se incrementan los espacios para alojar transmisoras en una misma región lo que cambiaría en su totalidad el régimen legal de concesiones y permisos. Por eso, este tema, es ahora de suma importancia para AMARC alrededor del mundo y específicamente en México.

La reforma educativa en la Unison: eduación sin contenido

Ismene Figueroa López

En el año 2004, sin previo aviso, sin consenso, se implantó de manera unilateral, un nuevo plan de estudios para la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora.

Para iniciar, este nuevo plan no fue presentado a estudiantes que ingresaron como parte de la primera generación. Se dieron a conocer hasta octubre, ya con dos meses de clases, por la Lic. Martha Martínez García, sólo dos semestres de los nueve que integran el plan de esta carrera, porque todavía no terminaba de ser aprobado por el Colegio Académico.

Para ese entonces ya había una generación inscrita con aproximadamente 800 personas sin saber que fin, motivo, objeto tendría la carrera que habían elegido como futuro y por otro lado con alum@s rezagados del “viejo” plan en plena incertidumbrede de como les afectaría este cambio para la conclusión de sus estudios.

El Licenciado Domingo Gutiérrez, profesor de esta escuela y representante de la Academia Sonorense de Derechos Humanos, reconoce que definitivamente el plan anterior ya era muy malo pero también comenta que los alumnos están más confundidos con este nuevo modelo curricular.

L@s maestr@s también tienen sus inercias debido a la manera como se aprobó este plan sin someterlo a análisis y consultas. En otras palabras, para el diseño e implementación de este modelo, prácticamente no se tomó en cuenta a los sectores más importantes: profesores(as) y estudiantes.

El profesor afirma que “el plan presenta problemas desde su concepción misma y sin necesidad de hacer ningún análisis de resultados tiene que haber resultados con fallas”. “Suprimieron materias que son muy básicas. La teoría general del proceso que es el punto de partida en toda la rama procesal. Eso es un gran retroceso. Cualquier persona que sepa de Derecho se dará cuenta de la aberración que esto implica”.

Menciona señalamiento muy graves, en cuanto al contenido, dice que “en realidad no se elaboraron. Se elaboraron contenidos mínimo que son tan generales que pueden llevar a cualquier lugar y a ninguna parte y en la práctica los maestros son los que determinan que es lo que se va a llevar en cada curso”.

Por recomendaciones en la Evaluación del 2003 realizada por los CIIES (Comisiones Interinstitucionales de Evaluación Superior) se fusionaron varios cursos en un solo semestre, por mencionar algunos ejemplos, están la de Seminario de Derecho Civil, antes se veía en 5 cursos semestrales, ahora se redujo a 3 cursos; los Seminarios de Derecho Penal, Administrativo, Laboral, Mercantil e Internacional que antaño se impartían en dos cursos, ahora se debe ver en uno.

Quizá por eso, en cada inicio de semestre es frecuente escuchar a los maestros, casi por unanimidad en todas las materias, que el temario que contempla el nuevo plan es muy extenso, y el semestre no alcanza para verlo completo por lo algunos temas solo se verán “rapidito, nomás por encima”.

En cambio se ven materias de nivel medio, con lujo de detalles, “Estrategias para aprender a aprender” (nombre ridículo para abordar técnicas de estudio) y “Comunicación Oral y escrita” (que incluye temas como la separación de sílabas y reglas ortográficas que se imparten en nivel primario).

Aunque cabe reconocer que l@s estudiantes presentan deficiencias en algunas de estas áreas, el maestro menciona que ya se había hecho una propuesta, de que “debería de haber un curso propedéutico que nivelara o tratara de nivelar al estudiante antes de llegar propiamente a los temas centrales de la carrera. Era otro asunto que ya había quedado claro y no se hizo. Y más todavía si se toma en cuenta que l@s egresad@s de bachilleratos no han cursado un área de ciencias sociales”.

Este plan no contempla seriación en las materias, y al respecto, el Lic. Domingo Gutiérrez, resalta que hay inconsistencias, como por ejemplo, que puede darse de baja en un seminario teórico y puede continuar con el taller por la falta seriación.

“La falta de seriación se debe según la propuesta de la reforma curricular es que sea más flexible para que los alumnos puedan desplazarse a lo largo de la carrera en las materias que vayan a cursar. Pero como no están determinados los contenidos no es posible ubicar la comunicación de las asignaturas ni de manera horizontal o vertical.”

“Puede ser muy conveniente que sean muy flexibles las currículas para seleccionar las materias pero no puede llegar a ese extremo. Que llevan un taller de práctica pero no se lleva el aspecto teórico entonces se vuelve práctica de que?”

No se cuidó que se mantuviera la relación entre teoría y práctica, como argumenta el maestro, y por eso señala “hay esas fallas en la concepción del modelo. Si no se advirtió que sea factible hacer un aspecto práctico de una teoría que desconoce y no está resuelto. Eso es muy grave”.

Se dejaron de lado, varios aspectos importantes por lo cual no debe extrañar la problemática que se está presentando al ejecutar este plan. El académico Gutiérrez Mendívil, destaca que “uno de los apartados que se debe prever es un periodo de transición de cómo se va abandonar el anterior para integrarse al nuevo plan de estudios. Sin embargo, según los que expresa “no hay un procedimiento para la implementación”.

Cuestiona sobre la falta de planeación en la elaboración de la programación semestral de materias “¿Cómo se determina cuáles son los grupos y materias que se van a abrir?. Es a como se le ocurre al que hace la programación, y si existen profesores para impartir materias. No hay un criterio formal y establecido porque no se tuvo el cuidado dada la forma atropellado en que se aprobó el nuevo plan de estudios.”

“Están improvisando, porque profesores que nunca habían impartido estas nuevas asignaturas están siendo responsabilizados muchas veces por el criterio de que hay que llenarle su carga en función de su antigüedad y tienen derecho. Completamente ajenos a la trayectoria que ha tenido el profesor”.

Urge evaluar resultados

La primera generación de este plan está por concluir en Diciembre de este año y no se han presentado evaluaciones sobre los resultados de este nuevo modelo curricular. Por lo menos no ha sido público. Lo cual implica que de nuevo se está ignorando a maestros y a estudiantes. Y muy probablemente se hagan cuentas alegres al respecto, pues de que otra forma se explica, que en dos años el Departamento de derecho subió del nivel 2 al 1, y está a un paso de obtener la acreditación cuando siguen los mismos problemas.

¿Como evalúan las personas externas al Departamento si no tienen contacto directo con los implicados en el desarrollo del Departamento? ¿Y cómo la comisión interna? La respuesta es sencilla, sólo vienen tres días, cuando mucho una semana, y se entrevistan con pequeños grupos privilegiados que ostentan la representación de tod@s sin consultar.

Recientemente, mediante el portal de alumnos de la pagina oficial de la Unison, estudiantes calificaron a sus maestros, por lo que se debe tener ya una evaluación general de tod@s el personal académico, pero nadie conoce los resultados.

Quizás el rector está pensando guardarla como herramienta de chantaje en algún momento político oportuno. Pues quizá no son pocos los profesores que están reprobados. Hasta el momento no se ha visto nada de acción académica al respecto. Una gran base de datos trascendental inutilizada porque no salió ningún proyecto, ni objetivos, ni metas, no se saben las fortalezas y debilidades, ni nada.

El maestro Domingo Gutiérrez propone retomar la forma de evaluar los resultados del modelo mediante los exámenes departamentales, para unificar los contenidos impartidos en el aula. Consiste en que los estudiantes que llevan la misma materia con distintos profesores fueran sometidos a un examen, pues de esta manera se puede verificar si el contenido que imparten los maestros es uniforme.

Pues de otra forma el plan se queda en letra muerta porque “en la práctica cada profesor da los contenidos que se le ocurre porque no hay un seguimiento de los contenidos de las materias y cada profesor evalúa como quiere”.

¿Está el departamento de Derecho a la altura de las demandas sociales?

La función del Departamento de Derecho es, quizá como ninguna otra carrera, de suma relevancia por el impacto que tiene en la vida social de la comunidad. Su trascendencia es de largo alcance. Aquí se forman (o deforman), las personas que ocuparan los cargos en la impartición de “justicia” y por lo tanto, del respeto a todos los derechos.

Las cuestiones son ¿está el Departamento de Derecho a la altura de las demandas sociales?¿cómo han respondido los egresados de este departamento en los cargos públicos?¿Influye el departamento para la creación de leyes adecuadas a la dinámica social de nuestro entorno?

Si aunado al problema del plan de estudios sumamos que el Jefe de Departamento, el Licenciado Francisco Javier Ritchie, con nula experiencia en investigación, fue impuesto de manera autoritaria, sin importar las protestas de estudiantes, con una trayectoria de quejas durante su gestión como coordinador de programa y acusado de plagio durante su cargo en 1985, ¿qué nos queda?…

El maestro Domingo Gutiérrez dice “la carrera de derecho genera lo que se está demandado en el aparato público. Ese comportamiento es un espejo de lo que pasa en la universidad. Los fenómenos que estamos viendo de corrupción e ineficiencia tiene que ver con la materia prima con las que se les está alimentando en las universidades”.

“Una buena parte de los docentes son empleados de gobierno de lo cual pensaría uno que se preocupan de que la formación que imparten como profesores tenga que ver con la actividad que realizan. Cuando vemos que hay rezago y las resoluciones son de muy mala calidad. Aunque en bastantes ocasiones tienen que ver por el volumen de los asuntos. Así que no podemos pensar que es ajena la universidad a lo que pasa en la administración. Cuando vemos que el marco de una universidad es obsoleto no podemos desligar la actividad de los legisladores con lo que pasa en la universidad”.

“Una cosa retroalimenta a la otra, conduce a la otra. Los egresados muchos de ellos están en el sistema de procuración de justicia y su desempeño es en gran medida de lo que pudieron aprender en la universidad. Si el aparato público les exigiera verdaderamente mayor capacidad y formación ética, otra sería el comportamiento de las universidades. No hay una transformación de fondo más comprometida socialmente porque no se requiere así para incorporarse al mercado de trabajo. No lo advierte así el estudiante. No son sus estudios lo que lo va a colocar en el mercado de trabajo sino una recomendación, esa es la idea que predomina”.

Simulación a la orden del día en la acreditación

Recientemente este Departamento recibió a los visitadores del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C (CONFEDE). Como se está acostumbrando en este Departamento, la simulación para dar la apariencia de que en Derecho todo esta “perfecto”, fue la tónica que marcó la visita de esta comisión integrada por tres personas, de la Universidad de Guanajuato, Chihuahua y Colima.

Se pintaron los salones, se instalaron rápidamente los cañones que desde hace mucho tiempo estaban arrumbados, se puso papel en los baños y hasta toallitas para secarte las manos (algo insólito en Derecho y a lo mejor en las demás carreras), mandaron lavar los escalones con chorros de agua a presión (olvidando que estamos en un desierto y en tandeos), poner florecitas, zacate, macetas nuevas y algunos maestros se vistieron de gala, con traje y corbata, durante estos días.

Los principios de equidad e imparcialidad que deben regir durante el proceso de acreditación, brillaron por su ausencia.

Se hizo una meticulosa selección “aleatoria” de estudiantes, apróximadamente de 20, para la entrevista con los visitadores. Una buena parte está realizando el servicio social con los mismos maestr@s promotores de la acreditación, Lucila Caballero, Hortencia Arvizu, Adria González, entre otr@s. La misma maestra Hortencia Arvizu admitió que cada uno de los maestros de la “Comisión para la Acreditación de la Licenciatura en Derecho” propuso dos alumnos, sólo conocid@s de ell@s. Ese fue el rigusoso método tan científico que utilizaron para mantener la “neutralidad” de las opiniones y hacer la evaluación altamente confiable.

La corta experiencia de tres años que tengo como alumna de esta escuela, no me deja suponer que la selección de maestros haya sido de otra manera.

Operativo policiaco para informe del presidente de CEDH

La legisladora puso una lona con la leyenda: “Bours: No te conviene que sea coordinadora ni integrante de la CRIPT. Diputada Petra Santos”.

José Luis Jara

Definitivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha convertido en uno de los aparadores más caros del Estado. No sólo por el dinero que se gasta para mantener a una burocracia inservible, sino por el trabajo casi nulo que tiene el supuesto ombudsman para defender los derechos fundamentales de los sonorenses.

El viernes 8 de febrero, el presidente de este organismo, Jorge Sáenz Treviño rindió su tercer informe de actividades en el pleno de sesiones del Congreso del Estado, en medio de un operativo policiaco que sólo se justifica, cuando va a comparecer el delegado de la PGR, el procurador de Justicia o porque van a carear a uno de los capos mayores del narcotráfico.

El evento ocurrió a las 9 de la mañana, pero desde temprano una horda de Policías Judiciales o Policía Estatal Investigadora, se dieron a la tarea de instalar una serie de vallas para impedir el paso a cualquier ciudadano que quisiera enterarse de la situación que guardan los derechos humanos.

¿Acaso va a comparecer el jefe de guaruras del gobernador, aquél que fue acusado por la AFI de distribuir droga en la colonia Altares? ¿Acaso va a entrar al pleno el “Mochomo” para dar su testimonio?

No, no había nada de eso. Sólo iban a llegar el gobernador Eduardo Robinson Bours, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Max Gutiérrez Cohen y Juan Manuel Sauceda, el perredista ahora presidente del poder legislativo, quienes encabezaron los diferentes poderes de gobierno para escuchar el mensaje del inefable Jorge Sáenz Treviño.

El ambiente policiaco en un evento de derechos humanos fue la parodia de una realidad sonorense: las garantías individuales se encuentran bajo el capricho de la cachiporra del señor gobernador, quien ha dado muestras del aborrecimiento que tiene hacia los movimientos sociales, así como la actitud represiva como es el caso del dirigente de los trabajadores transportistas, Alfonso Chaparro y que ya tiene varios meses de encarcelamiento sin causa justificada.

Ya en el escenario montado para el informe, donde no faltaron las presentaciones multimedia, forzadas para dibujar una imagen limpia y pura del supuesto ombudsman, la diputada Petra Santos llegó para poner su granito de arena para evidenciar una realidad política.

La legisladora puso una lona con la leyenda: “Bours: No te conviene que sea coordinadora ni integrante de la CRIPT. Diputada Petra Santos”.

Y más allá de las frases hechas, que en lugar de rimbombantes suelen ser repugnantes, Jorge Sáenz Treviño no tocó el fondo de los derechos humanos en Sonora. Al contrario, evidenció que la única función que tiene al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la de lavarle las manos al señor gobernador.

Prueba de ello es que ni de chiste mencionó el caso de Alfonso Chaparro, preso político que se encuentra en el Cereso de Hermosillo porque encabezó el movimiento de los choferes del transporte urbano en oposición al fracasado SUBA. Tampoco mencionó los abusos que cometen los policías en contra de la sociedad civil y mucho menos denunció que el origen de esos vicios se encuentra en la estrecha relación que tienen los mandos policíacos con los capos del narcotráfico, como recién lo denunció el comandante de la II Región Militar, general Sergio Aponte Polito.

Pero eso sí, el presunto ombudsman sonorense se encargó de echarle flores y pintar de rosa el estado que guarda la vida de los reclusos en los centros de readaptación. Concretamente, las flores fueron para el secretario ejecutivo de seguridad pública, Francisco Figueroa Bouquet. Pero esas flores se marchitaron el siguiente fin de semana por las sendas denuncias que interpusieron familiares de los reclusos, quienes son víctimas de las violaciones más flagrantes.

Y obviamente, a Sáenz Treviño se le hizo agua la boca para decir que casi todas las recomendaciones que emitieron fueron aceptadas por las autoridades señaladas en esas denuncias.

Sin embargo, no dijo que en el 2007, la CEDH recibió alrededor de mil 40 quejas de ciudadanos que le violaron sus derechos humanos. Tampoco señaló que de ese mundanal de quejas, la comisión sólo emitió 20 recomendaciones. Y mucho menos dijo que de esas 20, sólo una ha sido totalmente concluida. Las demás, si bien es cierto que fueron aceptadas por las autoridades, han sido parcialmente cumplidas. Otras más, las autoridades involucradas en las denuncias mandaron al carajo a la comisión, lo cual dio motivo para que la frase más radical de Sáenz Treviño fuera que “todavía existen funcionarios que no entienden el mensaje de los derechos humanos”.