Miguel Luna
Lo sucedido en Cananea el viernes 11 de enero tiene sus raíces en acontecimientos mucho más antiguos, el conflicto comienza durante el proceso de quiebra (1989) y privatización de la Minera de Cananea, empresa nacional, que en ese momento se encontraba en reciente remodelación y en pleno pico de producción aportando grandes fracciones del presupuesto regional y estatal.
La Minera de Cananea era riqueza de los mexicanos y enriquecía a los mexicanos, los obreros de la mina de Cananea trabajaban para su propia gente, con los recursos naturales de su territorio y escalaban en las listas nacionales e internacionales de producción de cobre.
La privatización, que favoreció a la familia Larrea, en 1990, se dio, como es común, después de una declaratoria de quiebra injustificada desde todos los ángulos y en medio de la represión militar, represión que este 11 de enero volvimos a ver, tal vez no militar, porque ahora se encuentra disfrazada con los cascos y escudos de granaderos y de policías estatales y municipales, pero con el mismo desprecio al obrero que exige reconocimiento.
Los intereses de una sola familia, cómplice de cúpulas del poder, pisotearon al obrero y expropiaron esa riqueza que redituaba al pueblo mexicano y específicamente al sonorense. La familia Larrea y el gobierno de Carlos Salinas ofendieron el valor social y la historia revolucionaria de los mineros y la mina de Cananea.
Pero, después del despliegue militar en contra del pueblo y del robo de la mina a los cananenses, Jorge Larrea, comprador de la quebrada Minera de Cananea, se negó a otorgarle las acciones (5% de las acciones totales), como se comprometió en el convenio de compra-venta, donde se obligaba al comprador otorgar a los trabajadores del mineral lo correspondiente al valor del 5% de las acciones.
Lejos de ello, la familia Larrea se negó a cumplir con su compromiso y sumió las relaciones laborales en años de litigio.
Después de 14 años de alegatos, el sindicato ganó Al final, el Sindicato ganó el juicio y llegó a un acuerdo con la empresa del magnate del cobre, Jorge Larrea, donde el Grupo México, para que se reconociera el antiguo fideicomiso creado 14 años antes por Napoleón Gómez Sada (padre de Napoleón Gómez Urrutia), con el cual se repartirían las ganancias entre todos los trabajadores con ese derecho dentro del sindicato.
Pero la historia de la mina de Cananea, hace 18 años que no gira a favor de los mineros, el fideicomiso aprobado, con un fondo de unos 55 millones de dólares, todavía no termina de caer en manos de los trabajadores, a quienes pertenece. A cambio, se ha producido un nuevo desfile de abogados y jueces, en esta ocasión para acusar, culpar y después absolver al secretario general del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, bajo los cargos de malversación de esos 55 millones de dólares.
Hasta que ocurrió el lamentable suceso de Pastas de Conchos, donde 65 mineros quedaron enterrados en un derrumbe que se registró. El vergonzante presidente de México de entonces, Vicente Fox se aprovechó para utilizar de chivo expiatorio al dirigente minero y empezó a subsidiar la división de los mineros.
Pasta de Conchos también fue manejada políticamente y nunca se atendió el problema a favor de los verdaderos afectados, sino a favor de los intereses del Grupo México, y hasta el momento, las viudas de los obreros muertos siguen olvidadas, relegadas bajo las discusiones en los juzgados a esperar y a trabajar por su cuenta en otra mina, explotadas y con el mismo potencial peligro de sus difuntos.
El camino ha sido largo, y en él han surgido desde una nueva dirigencia, a cargo de Elías Morales y reconocida (después desconocida debido a una firma falsa en el documento que le daría validez como secretario) por la Secretaría de Trabajo, en aquél tiempo a cargo de Francisco Salazar Sáenz, y por Vicente Fox, presidente de la república; hasta órdenes de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia en 3 estados (el DF, San Luis Potosí y Sonora) promovidas por la misma gente que ha, históricamente, despreciado a los mineros sonorenses. Hasta la fecha, estas órdenes estatales tienen exiliado al actual secretario general del Sindicato Nacional Minero en Canadá.
Es decir, la incursión de la policía federal y estatal a la mina de Cananea para desalojar a los mineros de la Sección 65 que se encuentran en huelga, responde a esta historia de enfrentamientos políticos.
Pero, las demandas de los obreros no deberían de pasar a segundo plano: seguridad e higiene son las más importantes. Y la historia reciente nos hace acudir irremediablemente a la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, donde en febrero del 2004 ocurrió un derrumbe evitable dentro de la mina que dejaría 65 mineros desaparecidos, la mina es propiedad del Grupo México, es decir, de Germán Larrea.
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