La legisladora puso una lona con la leyenda: “Bours: No te conviene que sea coordinadora ni integrante de la CRIPT. Diputada Petra Santos”.
José Luis Jara
Definitivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha convertido en uno de los aparadores más caros del Estado. No sólo por el dinero que se gasta para mantener a una burocracia inservible, sino por el trabajo casi nulo que tiene el supuesto ombudsman para defender los derechos fundamentales de los sonorenses.
El viernes 8 de febrero, el presidente de este organismo, Jorge Sáenz Treviño rindió su tercer informe de actividades en el pleno de sesiones del Congreso del Estado, en medio de un operativo policiaco que sólo se justifica, cuando va a comparecer el delegado de la PGR, el procurador de Justicia o porque van a carear a uno de los capos mayores del narcotráfico.
El evento ocurrió a las 9 de la mañana, pero desde temprano una horda de Policías Judiciales o Policía Estatal Investigadora, se dieron a la tarea de instalar una serie de vallas para impedir el paso a cualquier ciudadano que quisiera enterarse de la situación que guardan los derechos humanos.
¿Acaso va a comparecer el jefe de guaruras del gobernador, aquél que fue acusado por la AFI de distribuir droga en la colonia Altares? ¿Acaso va a entrar al pleno el “Mochomo” para dar su testimonio?
No, no había nada de eso. Sólo iban a llegar el gobernador Eduardo Robinson Bours, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Max Gutiérrez Cohen y Juan Manuel Sauceda, el perredista ahora presidente del poder legislativo, quienes encabezaron los diferentes poderes de gobierno para escuchar el mensaje del inefable Jorge Sáenz Treviño.
El ambiente policiaco en un evento de derechos humanos fue la parodia de una realidad sonorense: las garantías individuales se encuentran bajo el capricho de la cachiporra del señor gobernador, quien ha dado muestras del aborrecimiento que tiene hacia los movimientos sociales, así como la actitud represiva como es el caso del dirigente de los trabajadores transportistas, Alfonso Chaparro y que ya tiene varios meses de encarcelamiento sin causa justificada.
Ya en el escenario montado para el informe, donde no faltaron las presentaciones multimedia, forzadas para dibujar una imagen limpia y pura del supuesto ombudsman, la diputada Petra Santos llegó para poner su granito de arena para evidenciar una realidad política.
La legisladora puso una lona con la leyenda: “Bours: No te conviene que sea coordinadora ni integrante de la CRIPT. Diputada Petra Santos”.
Y más allá de las frases hechas, que en lugar de rimbombantes suelen ser repugnantes, Jorge Sáenz Treviño no tocó el fondo de los derechos humanos en Sonora. Al contrario, evidenció que la única función que tiene al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la de lavarle las manos al señor gobernador.
Prueba de ello es que ni de chiste mencionó el caso de Alfonso Chaparro, preso político que se encuentra en el Cereso de Hermosillo porque encabezó el movimiento de los choferes del transporte urbano en oposición al fracasado SUBA. Tampoco mencionó los abusos que cometen los policías en contra de la sociedad civil y mucho menos denunció que el origen de esos vicios se encuentra en la estrecha relación que tienen los mandos policíacos con los capos del narcotráfico, como recién lo denunció el comandante de la II Región Militar, general Sergio Aponte Polito.
Pero eso sí, el presunto ombudsman sonorense se encargó de echarle flores y pintar de rosa el estado que guarda la vida de los reclusos en los centros de readaptación. Concretamente, las flores fueron para el secretario ejecutivo de seguridad pública, Francisco Figueroa Bouquet. Pero esas flores se marchitaron el siguiente fin de semana por las sendas denuncias que interpusieron familiares de los reclusos, quienes son víctimas de las violaciones más flagrantes.
Y obviamente, a Sáenz Treviño se le hizo agua la boca para decir que casi todas las recomendaciones que emitieron fueron aceptadas por las autoridades señaladas en esas denuncias.
Sin embargo, no dijo que en el 2007, la CEDH recibió alrededor de mil 40 quejas de ciudadanos que le violaron sus derechos humanos. Tampoco señaló que de ese mundanal de quejas, la comisión sólo emitió 20 recomendaciones. Y mucho menos dijo que de esas 20, sólo una ha sido totalmente concluida. Las demás, si bien es cierto que fueron aceptadas por las autoridades, han sido parcialmente cumplidas. Otras más, las autoridades involucradas en las denuncias mandaron al carajo a la comisión, lo cual dio motivo para que la frase más radical de Sáenz Treviño fuera que “todavía existen funcionarios que no entienden el mensaje de los derechos humanos”.
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