Carlos Miguel Luna
El gobierno federal de Felipe Calderón presentó una propuesta de “reforma energética” ante el Congreso de la Unión en abril pasado, en la que destacan 18 alteraciones a los 16 artículos que constituyen la ley secundaria del artículo 27 sobre la reglamentación a el ramo petrolero.
Ahora que la fracción opositora en el Congreso, el Frente Amplio Progresista, ha logrado llevar a debate profundo las propuestas de reforma se ha reafirmado la sospecha de que el proyecto energético de Calderón encierra grandes mentiras.
El discurso es que la constitución y la soberanía nacional no quedan violentadas ante la reforma propuesta, pero la realidad es diferente. La constitución dice en su artículo 27 que la explotación, el transporte, la refinación y la venta de petróleo, son inconcesionables. Por lo tanto deben estar siempre en manos del estado mexicano. Este concepto es tan crudo que es difícil buscarle las aristas, pero el gobierno federal lo está intentando.
En la propuesta llevada al Congreso, entre la baraja de modificaciones a la ley secundaria en ramo petrolero, tenemos la introducción de una figura jurídica que parece reducir el impacto privatizador de la propuesta sin hacer un cambio de lleno en la constitución, esta figura es el “permiso”. Las empresas estarían permisionadas para ejercer el transporte y la refinación del petróleo. Se “permite” más no se concesiona, y al final PEMEX se queda solo con la explotación, es decir, sirve de obrero de carga para las empresas exploradoras y refinadoras.
Pero el permiso está reservado para servicios que no son exclusivos del estado mexicano, en este caso el permiso a empresas privadas entrega una actividad exclusiva del gobierno federal violentado con eso la letra y el espíritu de lo que manda el artículo 27 de la constitución mexicana y con él toda la línea histórica de la defensa de la soberanía nacional, coronada con la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas.
Tesoros profundos
Durante años las reservas probadas de petróleo fueron un secreto de estado, porque la divulgación de esa información puede desestabilizar la industria petrolera mexicana y llevarse con ella mucha de la economía que sustenta el país.
Después de la ola neoliberal de Carlos Salinas, el petróleo dejó de ser un secreto de estado y pasó a ser un secreto a voces. Así llegamos a la propuesta federal de buscar “alianzas” y “asociaciones” con empresas extranjeras para explorar en busca de reservas las aguas profundas del Golfo de México. El secreto a voces deja de serlo para convertirse en evidencia.
El intento mediático del gobierno federal de ensalzar su propuesta petrolera se basó en el punto de la exploración en aguas profundas, pero sobre todo en las alianzas para obtener esa exploración. El spot mediático donde se habla de eso es demagógico porque no plantea una solución real al problema petrolero sino que aprovecha los problemas en la industria para cumplir compromisos políticos.
Problemas en PEMEX
El principal problema de PEMEX como empresa nacional es que el dinero que genera está mal administrado y pasa en un 70% a aliviar la carga fiscal. Eso significa, en nuestro sistema de gobierno, engordar la burocracia. Los gastos operativos de PEMEX no incluyen una investigación científica en la cual sustentar intentos de progreso en el ramo, como la exploración de aguas profundas. Sin esta investigación presente se generan propuestas como la de crear “alianzas” con empresas privadas que si la han desarrollado.
PEMEX es una de las principales fuentes de ingresos en el país, unida a las remesas de los mexicanos que emigran a Estados Unidos. Esto deja en el aire la duda, ¿cuál será la manera de mantener el enorme ingreso económico que significa PEMEX si se privatiza? La respuesta no es clara.
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