jueves, 10 de abril de 2008

"A patadas los quitaré del camino"

Carlos M. Luna


Un conflicto que pudo haberse diluido en el diálogo ha sido llevado al extremo de los presos políticos, la represión y las amenazas. El Parque de Villa de Seris, cada vez más deforestado, dejó una evidencia más de la falta de recursos para solucionar conflictos por parte del gobierno local de Ernesto Gándara, siguiendo la clara línea represiva del gobierno de Eduardo Bours.


El desconcertante voto de Dorotea Razcón a finales de febrero en el cabildo, que había sido anunciado por el partido que representa, el PRD, como contrario a la desincorporación de la Calle de la Juventud, y que al final contradijo ese anuncio, causando una indignación para aquellos que todavía consideraban a los funcionarios locales representantes del perredismo como una izquierda interesada por los movimientos sociales y sus planteamientos; simbolizó algo más que la desincorporación de una calle, también representó el final del circo maquetero de Ernesto Gándara y el comienzo de la mano dura.


El Grupo en Defensa del Parque de Villa de Seris acudió el día 11 de marzo, en el que se iniciaron los trabajos de tala de árboles, a manifestar su oposición. El parque se mostraba rodeado por elementos de la policía municipal que supuestamente no dejaban pasar a ninguna persona, esto como medida de seguridad, por el peligro de que un árbol cayera sobre alguien. Pero dentro se veía una activa movilización, un grupo de unas 30 personas cargaba con una manta en apoyo a la destrucción del parque, y gritaban consignas contra los defensores. Y estos manifestantes parecían estar escudados, su derecho se respetaba correctamente.


A cambio en ese mismo día y por hacer exactamente lo mismo, por manifestarse, Adriana González fue detenida, y otros miembros del grupo golpeados y agredidos verbalmente por los mismos policías. Mientras tanto el cerco alrededor del parque continuaba, no se podía pasar. De fuera veíamos como el trabajo periodístico de los compañeros de Radio Bemba era obstaculizado por los mismos policías. Más tarde Adriana González fue liberada, después de pagar una multa, con un collarín debido a los daños físicos que le causó el forcejo con la policía. Después de esto Rita Schwarzbeck, Andrea Sánchez y Evelyn Serna interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, declarando haber sido golpeadas y estrelladas contra los árboles por los policías.


El diálogo sigue sin ocurrir, los puntos no se debaten; para el gobierno la desesperación por terminar el conflicto es tal que un día después en el colmo de ese placer “ejecutivo”, en ese afán empresarial de cumplir los objetivos sin importar las consecuencias, el gobernador Eduardo Bours hizo una declaración premonitoria de lo que habría de ocurrir el viernes 14 de marzo: “Con todo y las piedritas, piedrotas que se nos pongan en el camino, a patadas las vamos a quitar y vamos a poder lograr el desarrollo de Hermosillo y de Sonora”, secundando por el presidente municipal Ernesto Gándara, se redondeaba ese anuncio por demás fascista.


Así el viernes 14 de marzo, por la mañana, nuevamente los defensores del Parque de Villa de Seris se encuentran en la puerta posterior para manifestar su inconformidad, durante los trabajos de reubicación del parque, y pedir por enésima vez la reubicación del proyecto arquitectónico. Es en estos momentos que la policía municipal, bajo órdenes superiores reprime la manifestación a base de fuerza, golpes y agresiones verbales. El saldo es de 7 detenidos, entre ellos una menor de edad: Rita Schwarzbeck Morales, de 17 años, bajo cargos que no se aclaraban.


Los 7 detenidos declararon haber sido agredidos por los policías municipales solo durante la detención; sin embargo el proceso fue irregular, a los familiares de los detenidos nunca se les informó a que comandancia irían exactamente hasta ya entrada la tarde. Uno de los detenidos, Isabel Dorado Auz, no fue presentado y se le mantuvo desaparecido por horas.


En la tarde noche se supo que los detenidos se encontraban en las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora (PEI), donde se realizó un plantón de apoyo por parte de familiares, amigos y simpatizantes, única garantía de observación porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tuvo ningún peso durante el proceso, aun cuando las violaciones en las garantías de los manifestantes eran evidentes.


Al siguiente día salieron libres, Rita Schwarzbeck, Tania Morales, Vladimir Parra, Francisco Javier Salcido e Isabel Dorado, todos excepto Rita (liberada sin cargos), con una fianza de 12 mil pesos bajo los cargos de obstrucción de obras públicas y daños a un funcionario. Adriana González decidió no pagar ese precio por su libertad dispuesta a salir libre declarada como inocente. Así Adriana González se convirtió en una verdadera piedra, firme frente a la sarta de injusticias, frente a la necedad y cerrazón gubernamental. Después de declararse el auto de formal prisión a los procesados, Adriana comenzó una huelga de hambre. Días después, en la madrugada del 27 de marzo, el presidente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins pagó la fianza. Adriana declaró no haber tenido conocimiento de que el pago se realizaría y que el acto se hizo sin su consentimiento. Al siguiente día el conflicto se volvió oficialmente nacional, al llevarse a cabo el Foro Contra la Represión en Sonora, con la presencia de Rosario Ibarra de Piedra.

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