En solidaridad con Alfonso Chaparro y Carlos García Aguirre, el 13 de noviembre, en un comunicado proveniente de varios sindicatos independientes, entre ellos el Sindicato de la UTH, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sonora y el Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo, se manifestaron en contra de la ola represiva que ya ha arrastrado consigo, además de Chaparro, a Juan Murguía, líder barzonista en Cajeme.
Carlos Miguel Luna Zavala
El SUBA es la supuesta modernización del sistema de transporte urbano en el Estado de Sonora, es la promesa de renovación de los métodos y formas en las que el servicio de transporte es prestado a la sociedad sonorense.
Pero lejos de cumplir como la pregonada “esperanza” de los usuarios, se ha convertido en el pretexto para reprimir a representantes populares, como es el caso del dirigente estatal de los transportistas Alfonso Chaparro, detenido el 7 de noviembre del 2007.
En febrero del 2005 se anunciaba con toda la formalidad, el protocolo y la pirotecnia mediática una entrega de 240 millones de pesos a la Dirección General de Transporte del Estado de Sonora para que comenzara con el trabajo de remodelación y cambio de camiones, rediseño de rutas, formas de pago del servicio y de capacitación de choferes.
Pero antes de todo, para un estudio profundo y científico, es decir, una investigación honda que hiciera que el nuevo diseño de rutas y la adaptación del sistema de transporte se hiciera sin problemas y con el menor costo social, una investigación que a suposición obvia y natural, debió contar con un seguimiento de las oficinas estatales.
Pero desde la “credencialización” de los usuarios con tarifa especial, a los encargados del sistema se les veía mucha falta de tacto social. Los usuarios con tarifa especial no entendían por qué debían de cambiar su credencial anterior, que bien funcionaba en los camiones que en esos momentos circulaban por la ciudad.
No era raro encontrarse en los camiones a los estudiantes pelándose con el chofer porque no les aceptaba la credencial de su escuela como válida. Su propia institución educativa no los podía (y no los puede) acreditar como estudiantes.
Mientras en Hermosillo tramitábamos nuestra credencial SUBA y nos acostumbrábamos a ella, en Obregón los transportistas ya ponían el dedo en el renglón y se manifestaban contra las pobres condiciones laborales que les ofrece el nuevo sistema.
Los choferes en Obregón buscaban apoyo en su sindicato (afiliado a la CTM) pero les dijeron no poder hacer nada “por que tenían un compromiso muy fuerte con el gobernador Eduardo Bours” y con esa actitud dejaron que el SUBA se impusiera en ese municipio, dejando un precedente de lo que sucedería semanas después en Hermosillo.
En la capital, los noticieros y periódicos seguían exaltando los supuestos beneficios que traería la implementación del SUBA, pero la realidad era que no existían camiones suficientes para cumplir con la demanda (mas de dos años después de la espectacular entrega de fondos a la dependencia a cargo del proyecto) y tampoco suficientes choferes convencidos.
Los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Autotransporte del Estado de Sonora, Carlos García Aguirre y Alfonso Chaparro, respectivamente, movilizaron en Hermosillo a los transportistas inconformes, para hacerle saber a la población hermosillense y a sus gobernantes, que el SUBA no era bien recibido por los trabajadores. Las exigencias siempre fueron las mismas: la falta de reconocimiento a su antigüedad, que en algunos trabajadores llega a los 25 años de servicio, y la indemnización al 100% si los antiguos choferes decidían no participar en el nuevo programa.
Pero después de que las protestas de los trabajadores se concretarán en un paro de unidades y en una manifestación en la salida a Nogales el día 18 de septiembre, el gobierno estatal decidió no atender con el diálogo las demandas de justicia de los transportistas y en su lugar apresó a Alfonso Chaparro, bajo la denuncia del Gerente de Operaciones de SUBA Heriberto Ortega y el Ayuntamiento de Hermosillo, es decir, de instancias de gobierno. Los cargos, que también se le imputan a Carlos García Aguirre, son tres: secuestro, robo de vehículos y bloqueo de vías de comunicación, cuya sanción puede alcanzar hasta los 80 años de prisión.
En solidaridad con Alfonso Chaparro y Carlos García Aguirre, el 13 de noviembre, en un comunicado proveniente de varios sindicatos independientes, entre ellos el Sindicato de la UTH, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Sonora y el Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo, se manifestaron en contra de la ola represiva que ya ha arrastrado consigo, además de Chaparro, a Juan Murguía, líder barzonista en Cajeme.
El SUBA entró en funcionamiento aun con la falta de camiones, de transportistas y de un estudio cabal para sustentar el trazado de las nuevas rutas. El resultado fue un caos para los usuarios cotidianos del transporte público, desde estudiantes de secundaria hasta obreros de construcción, maquinistas, trabajadores de maquila y de supermercados, que tenían que acudir caminando a sus destinos por la falta de sensibilidad del estado frente a los problemas reales de su población.
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