Expresión sin Libertad

Carlos Miguel Luna

En Sonora lo mismo se aplasta a medios locales como nacionales por el hecho de ejercer la libertad de información y prensa de manera independiente, y lo demuestran los casos de Radio Bemba, el semanario Dossier Político, y las revistas nacionales Contralínea y Proceso.

El derecho fundamental y natural de ser libremente informado e informar es suprimido en Sonora al antojo de los intereses de la clase dirigente. Tenemos ejemplos claros de que en este estado no existe un ambiente propicio para la libre circulación de la información. Desde la silla de gobierno se han construido bloqueos a los medios de comunicación que se atreven a hacer un periodismo desde los ángulos olvidados, alejados de la parcialidad de las versiones oficiales.

Así, si alguien se atreve a denunciar o desnudar mínimamente ese sistema corrupto o las consecuencias sociales de esa corrupción, se encuentra inevitablemente ante la mirada feroz de los que supuestamente representan con sus puestos la voluntad del pueblo.

Bloqueo al periodismo civil

Acudiendo a los acontecimientos ocurridos alrededor de la destrucción del Parque de Villa de Seris, es decir, al último suceso político local en el cuál se atropellaron los derechos fundamentales de manifestación y libertad de información, encontramos el caso de Radio Bemba, cuya cobertura de los hechos fue obstaculizada por la policía municipal.

Uno de los papeles más importantes que juega Radio Bemba entre las opciones de información que existen en la ciudad es el de narrar los acontecimientos en el momento mismo en el que ocurren cubriendo en vivo los hechos. Ese era el trabajo que hacían en el Parque de Villa de Seris, el día en el que 7 activistas fueron detenidos mientras manifestaban su oposición a la destrucción del parque.

Ese día Arturo Rosas hacía la cobertura. Durante el forcejeo entre policías y manifestantes el reportero de Radio Bemba también es retirado por la policía, lejos de los manifestantes, mientras los otros medios hacían su trabajo. Lo que molestaba a los policías era que el corresponsal no se mantuviera en la posición de los demás reporteros y buscara otro ángulo desde el cual transmitir.

Cuando los manifestantes son llevados al hospital debido a los golpes sufridos durante la detención, Radio Bemba continúa su trabajo en el Hospital General. Ahí Marisol Valenzuela, reportera de la radio, consigue entrevistar a Giovanni Angulo, pero durante la entrevista, cuando los policías que custodiaban al manifestante se enteraron que la entrevistadora era enviada de Radio Bemba, inmediatamente piden el teléfono con el que se hacía el enlace y lo confiscan. Después se da la orden de que la reportera ya no entre al hospital.

Este y otros casos parecidos fueron denunciados ante la misión de periodistas internacionales durante su visita a la ciudad de Hermosillo. Esta comisión, formada por organizaciones como AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), Open Society Foundation y Artículo 19, visitó Sonora debido, precisamente, a que es uno de los estados de la república con mayor inseguridad para los que trabajan como periodistas, teniendo el fuerte ejemplo de la desaparición del periodista del Imparcial, Alfredo Jiménez Mota. En su visita no obtuvieron el permiso de entrevistarse con el gobernador Eduardo Bours en una muestra más de esa “falta de voluntad concreta para resolver las agresiones a periodistas que impera en el país”, según el análisis propio de la misión internacional.

Recomendación de la CNDH

El 11 de julio del 2007 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación (26/2007) que reprueba los métodos que utilizó el gobierno del estado de Sonora para evitar la circulación de la revista Contralínea del mes de enero de ese año.

Contralínea-Sonora buscaba distribuir una edición de su revista donde se denunciaban las agresiones a la nación comca’ac (seri) por parte del gobierno para retirarlos de la isla del Tiburón. Con la intención de evitar la circulación de esa información se detuvo por presunta posesión de droga a Mauricio Capdevielle, encargado de la distribución de la revista en Sonora y su chofer, Ricardo Ramírez (1), motivando el cierre de la revista en Sonora y el exilio de Capdevielle de la entidad.

En la recomendación de la CNDH se condenan estos “métodos indirectos y prohibidos para cancelar la publicación de la revista, en lugar de utilizar los canales que la democracia tiene y que se deben ejercer como el derecho a réplica”.

Es este un antecedente directo de lo sucedido con las ediciones de la revista Proceso en este año, donde supuestamente se vincula al gobernador del estado, Eduardo Bours, con redes del narcotráfico.

Secuestro a Proceso

El sonado caso de la desaparición del número 1643 de la revista Proceso de tierras sonorenses tiene réplicas hermanas que se han venido repitiendo a lo largo del sexenio. La revista Contralínea antes de sufrir el atentando definitivo ya contaba con su historial de cargamentos de revistas “decomisadas”, ediciones en las que se planteaban pruebas de una presunta red de espionaje originada al interior del C4, sistema informático de seguridad del gobierno del estado.

Además Proceso ya contaba también con su edición perdida antes de que su número sobre el narco-poder en Sonora fuera secuestrado. La edición 1557 que contenía un reportaje sobre la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota y que vinculaba en su desaparición a Ricardo Bours, hermano del gobernador, también fue incautada.

“No hay condiciones para el periodismo de alas libres”

El proyecto periodístico Dossier Político, también ha pagado las consecuencias de la cultura de reprobación hacia los medios que no son bien vistos por los que se encuentran posicionados en el poder.

“Una simple mirada, que te volteén la cara, algún gesto reprobatorio de parte del gobernador o alguno de sus funcionarios, es suficiente para que la iniciativa privada te mire con cautela”, nos comenta Oscar Castro, director de Dossier Político.

Uno de los productos más difundidos de Dossier Político era su semanario impreso que se distribuía todos los lunes.

Pero la aventura de hacer ese periodismo crítico de manera “impresa y a todos colores, con un diseño atractivo y contenido de calidad” tuvo que detenerse ante ese ambiente que emana desde las oficinas de gobierno.

“Existen desde el gobierno presiones sutiles, entre líneas, que la iniciativa privada sabe interpretar muy bien y acata órdenes que no son explícitas”, nos explica Oscar Castro, al preguntarle los motivos de la cancelación de su semanario impreso, aunque es preciso aclarar que Dossier Político continúa como diario y página de internet.

Y para cerrar nos resume en una frase el estado de la libertad de información en Sonora: “no existen las condiciones para el periodismo de alas libres”.

(1)http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/marzo/htm/Sufre_Sonora_Bours.htm